El día jueves
5 de diciembre, entre la hora 14 y 17, la empresa Ingeniería en
Construcción-ICM, contratista que presta servicios para el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, tapió con maderas la puerta de acceso a nuestra sede en
el barrio de Caballito, Av Pedro Goyena 884, sin que medie aviso o intimación alguna.
Consultadas en ese momento las autoridades de la Dirección General de
Administración de Bienes Patrimoniales del Gobierno de la Ciudad, nos
informaron desconocer el hecho, y confirmaron que no había disposición alguna
de parte del Gobierno de CABA de impedirnos el acceso a la sede que tenemos en
comodato. En ese instante funcionarios de esa Dirección se comprometieron a
presentarse al día siguiente en la puerta de nuestra sede para solucionar lo
que interpretaron como “un mal entendido” con la empresa contratista. El día viernes a primera hora,
autoridades y colaboradores de nuestra institución se hicieron presente en la
sede, y procedieron a hacer la denuncia policial por usurpación, en ese marco
los obreros de la empresa contratista que trabajan en un local contiguo bajo
supervisión del Ministerio de Salud de la ciudad, nos informaron que no podían retirar
el tapiado porque “tenían una orden de arriba”.
En horas del medio día y con la inestimable ayuda de la comunera del Frente Para la Victoria, Ondina Fraga, finalmente nos franquearon el acceso.
En horas del medio día y con la inestimable ayuda de la comunera del Frente Para la Victoria, Ondina Fraga, finalmente nos franquearon el acceso.
Queremos
reconocer, en este confuso hecho, la actitud de los funcionarios de la Dirección
General de Administración de Bienes Patrimoniales del Gobierno de la Ciudad,
quienes en todo momento se brindaron para solucionar el problema, y en la misma
línea destacar lo inexplicable de la situación vivida, que impidió el inicio de
uno de los talleres que se dictan en la sede del barrio de Caballito. Por el
momento, y ante la falta de respuesta oficial, nuestra Comisión Directiva
adjudica el hecho a una “desprolijidad” de un prestador de servicios privado
del gobierno de la ciudad, y la Secretaría de Salud Mental, que cuenta en sus
antecedentes la represión a internos y empleados del Hospital Borda. No
obstante ello, Incluir Asociación Civil sigue a la espera de una respuesta
oficial de ésa área.
